Desde finales de los años 70 hasta mediados de los años 80, la banda terrorista ETA asesinó, extorsionó y secuestró vilmente a cientos de personas. Las instituciones, por su parte, ante estos actos miraban hacia otro lado, y en los informativos un asesinato no era, ni de lejos, la primera, ni segunda, ni tercera noticia. Eran años terribles. Lo que más tarde se conoció como los Años de Plomo de la banda terrorista. Ante esta situación, las víctimas, haciendo acopio de valor, unieron sus fuerzas, creando así las asociaciones de víctimas. Pero han pasado los años y se han corregido muchas cosas. Actualmente, desde el Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, se ocupan —y me consta que de manera muy profesional— de las acciones correspondientes para la atención y protección integral de todas las víctimas del terrorismo. Sin ir más lejor, a finales del año pasado se aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo (Ley 29/2011 de 29 de septiembre).
Lo primero que quiero expresar es mi más sincero respeto a todas las víctimas del terrorismo. Pero también quiero mostrar mi desacuerdo con algunas de estas asociaciones. No sé quién les ha legitimado para EXIGIR a los diferentes ministros de Interior y al propio Gobierno de España la política antiterrorista a seguir. ¿Quiénes son ellos para exigir algo a un Gobierno democrático? Podrán dar su opinión, asesorar, solicitar cualquier cambio, pero sin exigencias, ni manifestaciones cuando no se consigue el objetivo. Es como si las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico exigieran al Gobierno la política en materia de seguridad vial a seguir. Cada asociación exigiría lo que considere oportuno, y esto se convertería en una auténtica locura.
Lo primero que quiero expresar es mi más sincero respeto a todas las víctimas del terrorismo. Pero también quiero mostrar mi desacuerdo con algunas de estas asociaciones. No sé quién les ha legitimado para EXIGIR a los diferentes ministros de Interior y al propio Gobierno de España la política antiterrorista a seguir. ¿Quiénes son ellos para exigir algo a un Gobierno democrático? Podrán dar su opinión, asesorar, solicitar cualquier cambio, pero sin exigencias, ni manifestaciones cuando no se consigue el objetivo. Es como si las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico exigieran al Gobierno la política en materia de seguridad vial a seguir. Cada asociación exigiría lo que considere oportuno, y esto se convertería en una auténtica locura.
Me surgen varias preguntas. La primera y más importante: Si desde el Ministerio de Interior ya se ocupan de las víctimas ¿para qué sirven estas asociaciones? ¿No estaremos tirando el dinero público con duplicidades por temor a perder un puñado de votos? Por otro lado ¿no les resulta chocante que haya tantísimas asociaciones y con tan malas relaciones entre ellas? Si todos son víctimas y tienen el mismo fin, ¿por qué tanta desunión? Otras dudas que me asaltan son ¿el Ministerio de Interior audita las cuentas de estas asociaciones para comprobar que el dinero que se les otorga a través de subvenciones —es decir suyo y mío— se está empleando para lo que realmente se destinó? ¿Todos las asociados son realmente víctimas del terrorismo en los límites que establece la Ley? Conozco casos de gente que quiso asociar a la mujer de la limpieza de la víctima, y sé que no es un caso aislado. Imaginen, por poner un ejemplo, que una persona no ha sufrido ningún atentado, pero quiere ser reconocido como víctima del terrorismo por los beneficios que se obtienen, que son muchos. Sería una aberración. A mí pensar esto me asusta porque sería una traición, y no creo que las auténticas víctimas lo consistieran, e imagino que es algo imposible que ocurra... ¿o sí?
Sean buenos.
